Se anunció el recorte del organismo y nuevas desvinculanciones, que ya acumulan más de 60 cargos desde el inicio de la gestión Milei.


"La reestructuración responde a una mayor eficiencia del organismo", dijeron este miércoles en la Procuración del Tesoro para justificar el achicamiento en la planta que decidió´el Ejecutivo, disconforme, por una supuesta filtración de información en el marco del juicio por la estatización de YPF en el que los abogados del Estado intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Lo cierto es que desde la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmaron esas acusaciones (activadas puertas adentro de la propia Casa Rosada), pero sí confirmaron cambios en la estructura del organismo presidido por Santiago Castro Videla.

Las novedades judiciales que provienen de Nueva York, como la decisión del Departamento de Justicia estadounidense de volver a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, coinciden con el malestar de un sector del Ejecutivo con la estrategia defensiva oficial. "Claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno", indicó, a su turno, un calificada fuente gubernamental consultada por este diario.

Sin dar precisiones, en un sector del oficialismo sospechan que la fuga de información pudo haber intentado beneficiar al fondo Burford, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

El anuncio oficial, con todo, intentó no hacer foco en la supuesta divulgación de información y sí en la necesidad de cambiar la estructura de la institución que, en el primer tramo del mandato de Javier Milei, condujo el jurista Rodolfo Barra. "Va a haber un achique fuerte de la Procuración", adelantó una fuente oficial consultada.

Según se informó al atardecer, a través de un comunicado oficial, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración.

Además se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. "Un “recorte histórico de personal", subrayó al respecto el comunicado. Los cambios serán oficializados este jueves en el Boletín Oficial.

Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales.

Los cambios no afectarían a la conducción de la institución. Castro Videla llegó al cargo apadrinado por el influyente asesor Santiago Caputo. Pero el desembarco de este abogado en reemplazo de Barra, en enero pasado, llamó la atención dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF en el litigio en el que que está en juego el pago de 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino.

El jefe de los abogados del Estado pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska. En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del estado. En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina.

Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración. En los hechos, el tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la citada magistrada.

Martes, 15 de julio de 2025