Silvio Urbina, tío de uno de los obreros muertos; Laura Olivera y Yenni Szotkovsky fueron imputados por el fiscal Buenaventura Duarte. Defendieron su derecho a la protesta y advirtieron que “hubo infiltrados” en la última marcha.
El caso de la tragedia en la obra de San Martín 652 incorporó una polémica denuncia del fiscal Buenaventura Duarte, por el escrache con pintadas frente al domicilio de la jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas. Los denunciados, sobre los cuales pesa una orden de allanamiento y pedidos de detención –Silvio Urbina, Laura Olivera y Yeni Szotkovsky– se presentarían hoy ante el Juzgado en lo Correccional, acompañados por familiares de los 8 obreros muertos en la obra el pasado 22 de marzo. Según indicaron a La República, hubo infiltrados y ellos son absolutamente inocentes, porque su único objetivo es clamar por justicia en forma pacífica.
El juez en lo Correccional Luis Cocchia Breard ordenó el viernes la detención de dos abogadas y un familiar por supuesta instigación a la violencia. Lo hizo en función del pedido presentado por el fiscal Buenaventura Duarte, quien los acusó, de oficio –Expediente Nº 85919/12– por supuestas amenazas, daños y lesiones reiteradas en concurso real. Los implicados son Olivera, abogada denunciante en casos de obras irregulares que acompaña a las familias de los obreros muertos en cada movilización; la abogada Szotkovsky de Zarabozo, vecina damnificada por los daños de la obra de la tragedia, y Silvio Urbina, tío del obrero Diego Rodríguez, muerto en el derrumbe.
Además del pedido de detención, una orden de allanamiento de oficinas llegó el viernes al domicilio de Olivera, pero la notificación que expusieron los agentes judiciales y policiales “tenía mal la dirección” y el operativo se concretaría recién hoy. No obstante, los acusados ya presentaron un pedido de eximición de prisión ante el Juzgado Nº 2 y anticiparon a La República que se presentarían en el transcurso de la mañana, acompañados por los familiares de los 8 obreros fallecidos, para defender su inocencia.
“Yo no cometí ningún delito. Siempre acompaño a las familias en las marchas como vocera, pero porque conozco de derecho, justamente, nunca hice acusaciones directas, siempre me limité a hablar de las responsabilidades que son reales”, dijo Olivera, quien expresó su sorpresa por la celeridad en que se resolvió el pedido del fiscal y se libró la orden de allanamiento.
“Si hubieran actuado de la misma manera en la causa por el derrumbe, hoy no estaríamos en esta situación”, aseguró. En defensa de su inocencia y los otros dos denunciados, aseveró que en la marcha de los escraches “hubo infiltrados” a los que se intentó detener en varias oportunidades “porque las protestas siempre fueron pacíficas”.
El derrumbe, un misterio
El defensor de William Mayer, imputado en la causa derrumbe, Jorge Buompadre, informó que los resultados presentados en forma conjunta por 8 peritos establecieron que “no se pueden establecer las causales del derrumbe”. En radio Sudamericana, consideró que se trata de una “prueba importante”, con la cual se “va a tener que resolver la situación de los imputados”.
En tanto, Mayer dijo que “el informe no da lugar a dudas, lo que se cayó fue el encofrado del tanque de agua, no el edificio. No se sabe qué pasó, puede ser un error de los mismos operarios o el camión del hormigón”.
Por su parte, el abogado querellante de la familia Rodríguez opinó que la causa avanza como corresponde, en tiempo real. En Radio Dos, remarcó además que no existen indicios de falta de independencia judicial, mas allá de que al inicio denunció conductas de la jueza Graciela Ferreira.
Lunes, 27 de agosto de 2012
