La Justicia decretó la quiebra de Induplack Fiduciaria S.A. por pedido de un particular que sería amigo de los imputados.
Un grupo de damnificados dice que esto podría beneficiar a socios, prestanombres y "acreedores privilegiados".


El clan L’Abbate, encabezado por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos Emanuel Andrés, Santiago David y Juan Ignacio, junto al apoderado Patricio Gastón Flores, continúan detenidos, acusados de integrar una asociación ilícita destinada a cometer múltiples estafas inmobiliarias. Según la investigación, lo hacían a través de un holding de empresas (Induplack S.A., Induplack Fiduciaria e Icons Tech), que como contó Clarín, vendían departamentos en construcción que jamás se entregaban y cada unidad tenía hasta seis dueños distintos.

El 18 de julio pasado, el Juzgado Comercial N° 26 dictó la quiebra de la constructora Induplack Fiduciaria S.A. tras la presentación de un particular damnificado. La medida impactó de lleno en la causa que investiga la mayor estafa inmobiliaria de los últimos años.

Para los más de 420 damnificados que esperan respuestas judiciales desde hace años, la quiebra representa una nueva amenaza. “Esto es terrible para nosotros. Es una desprotección judicial total. En medio de la investigación no debería permitirse porque permite sacar bienes del patrimonio antes de que se investigue todo”, advirtió Luz, una de las afectadas.


El temor central es que la quiebra no sirva para reparar a las víctimas, sino para beneficiar a los “acreedores privilegiados”: los socios, prestanombres y amigos de la familia L’Abbate. Según explican los denunciantes, están ante una posible maniobra de fraude concursal, con vaciamiento patrimonial y administración fraudulenta.

Entre otras cuestiones, señalan que el particular damnificado que pidió la quiebra de Induplack Fiduciaria S.A. es amigo de los L’Abbate.

“La Justicia está permitiendo que se liquiden activos antes de terminar la investigación penal. Es probable que los bienes terminen en manos de los mismos que generaron las hipotecas y préstamos, es decir sus propios amigos. Mientras tanto, a nosotros nos obligan a unificar la querella y pagar otro abogado. ¿Con qué plata?”, reclamó otra víctima.

Vito Antonio L’Abbate Vito Antonio L’Abbate
Federico, uno de los afectados desde 2015, resumió el sentimiento de muchos: “Además de haber sido estafados, ahora nos piden pagarle a otro abogado por la unificación de la querella. Ya no podemos afrontar más gastos. Es desalentador”. Y agregó: “Resolverlo por vía civil entorpece el proceso penal. Hay cuentas en el exterior, fondos repartidos en varios lugares. La quiebra va a hacer que se repartan los bienes entre pocos acreedores, sin investigar realmente dónde está toda la plata”.

Marcela, otra querellante, fue más directa: “Nos van a volver a estafar con la quiebra. Esta jugada no nos sorprende: siempre se movieron como clan. Ahora, detenidos y con un gran estudio jurídico detrás, justo antes de la feria judicial, sale una quiebra que los beneficia a ellos. Es altamente sospechoso”.

También cuestionó el posible vaciamiento patrimonial: “Hay denuncias de departamentos cedidos o vendidos a su gente. Seguramente se presenten en la lista de acreedores gremios, obreros, constructores, que fueron pagados con nuestras propiedades. Van a tener prioridad sobre nosotros. No sabemos si tienen algo en Provincia, pero lo poco que hay en la Ciudad de Buenos Aires lo van a liquidar rápido”.

Para los damnificados, la quiebra no solo no garantiza reparación: consolida la impunidad. “Queremos que se investigue penalmente, que nos devuelvan la plata y después hagan lo que quieran con sus vidas”, resumió Marcela.

El clan familiar detrás del holding de la estafa
Según la acusación, la organización criminal que ideó el sistema detrás de Induplack fue encabezada por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos Emanuel Andrés, Santiago David y Juan Ignacio, junto con su apoderado Patricio Gastón Flores. Según la causa, operaron de forma sistemática entre 2012 y 2024 bajo un holding de empresas: Induplack S.A., Induplack Fiduciaria e Icons Tech. Vendían departamentos en construcción que nunca se terminaban o que directamente jamás se iniciaban.

En los últimos días, la jueza federal Paula González amplió la prisión preventiva de todos ellos. También ordenó la inhibición general de bienes, el embargo de 60 inmuebles y el secuestro de 17 vehículos. Además, prohibió la salida del país para Vito, aunque ya se encuentra detenido.

El frente de Catamarca 544, otra de las propiedades mencionadas en la causa. Foto Matías Martin CampayaEl frente de Catamarca 544, otra de las propiedades mencionadas en la causa. Foto Matías Martin Campaya
En una audiencia celebrada a fines de julio, Vito y Emanuel intentaron justificar la multiplicación de sociedades. “En 2018 sufrimos un default por 14 millones de dólares. Nunca quisimos concursarnos porque todos pierden. La única salida era seguir construyendo con nuevas empresas”, explicó Emanuel.

Vito, por su parte, al comenzar con su declaración sostuvo que está situación lo tiene mal. “Yo estoy peleado con mis hijos, no me hablan, no me saludan y tampoco puede ver a mis nietos”, remarcó. Agregó que cumplió 66 años en prisión. Frente a la jueza, le aseguró que había medido su celda y que es muy chica para estar ahí.

Contó que en prisión le dicen “El abuelo” y que lo tratan bien. Además remarcó que durante sus días de cárcel sigue estudiando para cuando salga ser el sostén de su familia, porque solo viven con la jubilación mínima de su mujer. “Soy trabajador, estudio y creo en Dios”, dijo al terminar sin profundizar ninguna palabra sobre el caso que lo tiene en prisión hace varios meses.

Un modelo sistemático de estafa: del pozo al pozo
La modalidad era clara: vendían departamentos en pozo a través de fideicomisos, con precios accesibles y planes en cuotas. Firmaban contratos ante escribanos reconocidos y mostraban informes de avance de obra falsos. Las unidades se vendían hasta seis veces a distintas personas. Cuando aparecían reclamos, las respuestas eran evasivas, las fechas se corrían, o directamente dejaban de responder.

Muchos damnificados descubrieron que los departamentos por los que pagaron ya estaban ocupados por otros compradores con boletos previos. En algunos casos, las obras ni siquiera existían. La Justicia acusa a los L’Abbate de haber desviado los fondos para mantener el esquema a través de nuevas empresas. Según la fiscal Mónica Cuñarro, se trata de una estructura “planificada y organizada para defraudar”.

Emanuel Andrés L'Abbate Emanuel Andrés L'Abbate
El decreto de quiebra faculta al síndico a incautar bienes y documentación, liquidar activos y repartir fondos entre acreedores. Se embargaron cuentas bancarias, marcas, patentes, vehículos e inmuebles. Entre ellos, se identificaron dos propiedades clave: el domicilio fiscal en Montiel 1975 y una propiedad en Caaguazú 6144/54.

Los damnificados alertan que permitir la quiebra en este momento es “entregar los bienes a los amigos de los imputados”. Cuestionan que la fiscalía penal no haya solicitado una medida de no innovar que frene cualquier intento de vaciamiento. “La plata que se recupere va a volver a sus manos. Ya lo vimos en otras causas. No puede ser que se avance en la quiebra sin terminar la investigación penal”, aseguró Federico.

El giro judicial: falta de mérito para los Brodsky
Mientras los L’Abbate y Flores siguen detenidos, la jueza González dictó la falta de mérito para Gabriel y Pablo Brodsky, titulares de la inmobiliaria Predial. Habían sido acusados de participar en la maniobra por comercializar algunas de las unidades, pero lograron demostrar que ellos también fueron víctimas.

En su descargo, los hermanos aseguraron haber sido también víctimas del holding. “Nos usaron. Durante un tiempo aprovecharon nuestra marca para atraer clientela, pese al descalabro que estaban generando, el que fue ocultado hasta que todo explotó”, afirmaron. Sostuvieron que su rol fue meramente comercial, sin manejo de fondos ni participación en decisiones fiduciarias o constructivas.

También remarcaron que cortaron vínculos con Induplack a mediados de 2019, cuando comenzaron a recibir reclamos de compradores que habían firmado boletos en sus oficinas. “Fuimos meros corredores inmobiliarios. Nunca tuvimos exclusividad. El resto de los imputados son los que firmaron boletos duplicados”, sostuvieron.

La resolución judicial señaló que no existen pruebas suficientes para sostener que los Brodsky conocieran la maniobra delictiva. No obstante, los damnificados siguen reclamando que se investigue si hubo connivencia con otras inmobiliarias.

¿Dónde está la plata?
Patricio Gastón Flores, presidente de Icons Tech y apoderado de Induplack, también continúa detenido. Se lo acusa de firmar boletos múltiples y de ofrecer a compradores la unificación de departamentos como supuesto beneficio, cobrándoles más dinero por unidades que nunca existieron.

Patricio Gastón FloresPatricio Gastón Flores
Santiago David L’Abbate tampoco negó los hechos: en su declaración, reconoció su rol en la estructura. La Justicia lo ubica como uno de los organizadores de la red de estafas y documenta cómo muchas víctimas descubrieron que sus propiedades habían sido revendidas por los mismos imputados.


La pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está el dinero? Las víctimas denuncian que la quiebra protege a los principales responsables y que la justicia no está garantizando la preservación del patrimonio para asegurar una posible reparación. Mientras tanto, la causa penal sigue su curso, pero los tiempos judiciales no logran compensar la angustia y las pérdidas de quienes soñaron con tener su casa y fueron estafados.

Los denunciantes crearon una casilla de mail para que otros damnificados se sumen al reclamo: damnificadosinduplack@gmail.com o vía Instagram @damnificadosinduplack

Miércoles, 6 de agosto de 2025